Esteban Echeverría
El consorcio del barrio privado "La Horqueta" no lo quiere por ser "potencialmente peligroso". Sus dueños, tras fracasar la mediación, irían a juicio.
Roco y su familia viven, desde hace unos meses, en el barrio cerrado "La Horqueta", en Esteban Echeverría. Pero lo que parecía ser el lugar ideal –lo eligieron luego de haber sido víctimas de un hecho violento de inseguridad que los marcó– se convirtió en un nuevo problema. "A través de una medida arbitraria, discriminatoria y sin sustento legal, la administración del country le exige a la familia que se deshaga de su perro aduciendo que es de raza peligrosa", explica Susana Dascalaky, directora del Departamento de Asuntos Legales del Centro de Prevención de Crueldad del Animal (CPCA). Y detalla cómo es la situación: "En 2009, se aprobó en la Provincia la Ley 14107, conocida como la ley 'PPP' (de Perros Potencialmente Peligrosos). Ahí se incluyó un listado de razas que serían 'amenazadoras'. Sin embargo, esta ley nunca fue reglamentada, con lo cual no está en vigencia ni se aplica". Entonces, ¿por qué las autoridades del barrio piden que el perro no viva más allí? "Por prejuicio, en el fondo es una lucha de poder. De hecho, más allá de su aspecto, es un perro mestizo que ni siquiera encuadraría en el marco de la ley. Roco no es peligroso, no sale del jardín y cada uno puede conformar su entorno como quiera mientras que no sea dañino para sí ni para terceros, como sucede en este caso", afirma Sergio Moragues, el abogado de la familia.
En diálogo con Clarín, Daniel Di Stefano, el dueño de Roco, da precisiones: "Cuando compramos en el barrio, tuvimos que firmar un reglamento. Si bien ahí había una cláusula referida a los perros nos dijeron que, con seguridad, todo se arreglaría. Pero no fue así"."Realmente nos sentimos muy mal, yo estoy bajo tratamiento psiquiátrico por el episodio de inseguridad que vivimos y Roco es parte de mi terapia, por su amor y afecto. Es muy grave que se lo considere como una cosa y no como un integrante más de la familia. Es como si me dijeran que no puedo entrar a mi casa con alguna de mis hijas", contó Alejandra, "la mamá" de Roco en una entrevista con TN. A diferencia de otros casos (muchas veces la gente es obligada a deshacerse de sus mascotas por desconocimiento), la familia llevó esto a una mediación.
"No se llegó a ningún acuerdo en esa instancia. Aún la gente del country no habilitó la vía judicial, no hemos recibido notificación. Si no hay demanda, lo más probable es que demandemos y judicialicemos el caso", indica Moragues. Daniel, con pesar, afirma que "es una situación complicada. La Comisión está intransigente y piensan demandarnos por inclumplimiento de contrato. Ya nos imponen multas por tener a Roco en casa. Después de la mediación nos dieron 90 días para sacarlo pero no tenemos adonde llevarlo. Es muy doloroso, para nosotros es uno más, lo amamos". Desde la Administración del barrio sostienen que "el Consorcio no se maneja a través de los medios. Lo hace administrativa y legalmente y en este caso accionará por la vía judicial para hacer respetar el Reglamento firmado por los propietarios".
Clarín Zonales
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