Decenas de perros y gatos fueron rescatados de la protectora de Torremolinos, donde se investiga el presunto exterminio de cerca de 2.800 mascotas en dos años, el triple de lo permitido por ley
Sus miradas hablan del abismo que media entre el infierno y una vida digna. Los supervivientes de la protectora de Torremolinos, más conocida como la perrera de los horrores o el 'Auschwitz' de las mascotas por el presunto exterminio entre 2008 y 2010 y en condiciones agónicas de cerca de 2.800 animales, casi el triple de lo permitido por ley, parecen otros. Han pasado cinco años desde de que un devastador informe de la Guardia Civil revelase las supuestas irregularidades cometidas por la presidenta del parque, Carmen Marín, acusada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de realizar sacrificios masivos e injustificados con la ayuda directa de otro trabajador del centro y a través del suministro de medicamentos eutanásicos en pequeñas dosis y de forma intramuscular en vez de intravenosa, algo que producía a los animales largos sufrimientos innecesarios hasta su muerte.
La labor de los socios de la protectora y de asociaciones como SOS Animales hizo posible el rescate de los perros y gatos que se encontraban en la protectora cuando su presidenta fue detenida. Muchos de ellos presentaban problemas de desnutrición y dermatitis aguda debido a los problemas de salubridad de las instalaciones, siempre negados por Marín, y algunos aún arrastran fobias a la voz y el tacto de las personas.
Isabel y Ana, dos de las socias, recuerdan cómo reaccionaron cuando supieron la noticia: «Entramos sin permiso, cogimos a media docena de perros y los metimos en mi coche, que conduje por la autovía mientras las dos llorábamos por la rabia y la impotencia. Fue una locura, pero sabíamos que era la única forma de salvarlos». Como ellas, muchos particulares hicieron un esfuerzo para costear los tratamientos veterinarios que permitieron la recuperación de los supervivientes.
El informe del Seprona es desolador: animales muertos entre otros vivos, cadáveres apilados en la basura o en cajas de cartón junto a restos de comida, cuerpos de gatos y perros congelados que no presentaban rigor mortis, un quirófano sin las medidas adecuadas de esterilización… La versión de dos de los empleados, con los que este periódico se ha puesto en contacto, coincide con la narración de los hechos que realiza la Guardia Civil. Según los trabajadores, Marín y su persona de confianza se introducían en las jaulas a primera hora de la mañana con un bote de dolethal, una sustancia eutanásica, subían el volumen del hilo musical para que no se escucharan los alaridos y apagaban las cámaras de vigilancia. Los empleados consultados afirman que los exterminios «eran tan indiscriminados» que, en una ocasión, Marín llegó a quedarse sin animales y tuvo que ir a buscar perros a la protectora El Paraíso, en Alhaurín de la Torre.
Existen quejas por escrito, a las que SUR ha tenido acceso, en las que numerosas personas denuncian que recogieron animales encontrados en la calle para llevarlos al parque y que, horas después, cuando los propietarios eran localizados, habían desaparecido. La excusa oficial era que habían sido dados en adopción, pero la ley establece que los animales abandonados o perdidos no pueden entregarse o sacrificarse hasta transcurrido un plazo mínimo de diez días desde su recepción.
El asunto vuelve a estar de actualidad después de que la Fiscalía de Málaga anunciara hace algunos días la petición de cuatro años de cárcel, del que uno de ellos es por maltrato animal -la pena máxima que la legislación contempla para este delito-, a la presidenta de la asociación. La lucha de los socios afectados está ahora en los tribunales. Carmen Marín permanece imputada por presuntos delitos de maltrato animal, intrusismo laboral y falsedad documental, pero aún no ha sido juzgada. En su informe, la Guardia Civil detalla que la presidenta del parque realizaba los sacrificios «sin control de ninguna clase ni sedación previa, suministrando dosis por debajo de lo indicado pero suficiente para causar la muerte, con el objetivo de ahorrar costes y dedicar las instalaciones con preferencia a los fines privados (de pago)», y que luego falsificaba las firmas de los veterinarios. El otro trabajador está imputado en calidad de cooperador necesario. La Asociación de Afectados por el Parque Animal denuncia «la lentitud» del proceso judicial, que se retrasa desde 2010, y reclama medidas cautelares contra Marín, que es presidenta vitalicia de la organización sin ánimo de lucro que gestionaba el parque.
A pesar del supuesto altruismo de la asociación presidida por Marín, la investigación de la Guardia Civil concluye que «queda constatado que una parte importante de los ingresos obtenidos por Parque Animal procedentes de las aportaciones de los ciudadanos o de sus benefactores fueron utilizados por su presidenta para fines distintos para los que fue constituida la asociación», como alojamientos en hoteles de lujo, el pago de las obras del centro médico de su hija, la compra de un vehículo, asistencias a gimnasios y circuitos de hidromasaje, viajes en tren, comidas en restaurantes, contratación de un servicio de videovigilancia instalado en su domicilio, salidas a San Petesburgo, Marrakech o Boston, ingresos en su cuenta corriente y compras en grandes almacenes. Por todo ello, Marín se enfrenta a una posible imputación de supuestos delitos económicos, un proceso que, según los afectados, «tampoco termina de concretarse cinco años después de su inicio».
Los ingresos del parque provenían de las donaciones de los socios, del pago de una cuota cercana a los 50 ó 60 euros por animal entregado, de las herencias que algunos amantes de los animales dejaban a nombre de la asociación y de las subvenciones del Ayuntamiento de Torremolinos, salpicado por el asunto después de que se hiciera público el presunto pago de cerca de 55.000 euros en varios cheques (de 12.000, 5.400 y 20.087 euros y tres de 6.000 euros, según la investigación de la Guardia Civil) a una empresa propiedad de la familia del alcalde, Pedro Fernández Montes (PP), por obras realizadas en las instalaciones del parque. El regidor alegó entonces que la actuación del Consistorio había sido «impecable» y que las obras se habían realizado «por un precio de mercado», aclarando que la forma de proceder de la constructora «fue correcta y no hubiera tenido mayor interés si no hubiera sido porque pertenecía al hermano del alcalde».
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