Por pachnews
Los establecimientos especializados en mascotas de Quito solo podrán vender animales domésticos que provengan de criaderos autorizados. Y estos últimos deberán registrarse en Urbanimal, Centro de Gestión Zoosanitaria del Distrito.
Además, los perros y gatos deberán estar esterilizados antes de ser comercializados. Esto a menos de que en el contrato de venta se indique que la mascota será destinada a reproducción.
Esos, entre otros puntos, constan en el proyecto de Ordenanza sustitutiva de la Ordenanza 048, que regula la Tenencia, protección y control de la fauna urbana.
Desde hace 10 meses, organizaciones a favor del bienestar animal trabajan en las reformas junto al concejal Eduardo del Pozo.
En estos días se entregó el proyecto a la Mesa de Ambiente, que preside este edil. Los puntos mencionados no están contemplados en la normativa vigente.
En el proyecto también se propone eliminar la obligatoriedad de someter a pruebas de comportamiento a todos los perros. Esto es algo que no se ha cumplido.
Tampoco se ha concretado el proceso para la identificación de perros y gatos, a través de un microchip o un tatuaje, tema a cargo de la Secretaría de Salud.
La campaña de esterilización de animales se inició en Calderón Plantón de mascotas en la Asamblea por la Ley LOBA Los activistas van por los derechos de los animales Por eso, en el proyecto de reformas se indica que las pruebas de comportamiento se realizarán en caso de que se presentare una denuncia de maltrato, tenencia inadecuada del animal y aparente peligro de agresividad a pedido de Urbanimal.
También se endurece el articulado relacionado con la presentación de circos. En la Ordenanza 048 se prohíbe la participación de animales que no sean mantenidos bajo estándares internacionales de bienestar animal o que muestren signos de daño físico o mental.
En la reforma se prohíbe la presentación de circos en cuyo elenco existan animales. En cuanto a las sanciones se proponen cambios en el tema de multas. Ahora, las infracciones leves dan lugar a una multa de entre el 10 y 21% de una remuneración básica unificada (RBU, actualmente esta es de USD 354).
La propuesta es que sea solo del 10%. Una grave, por la que hoy se multa con entre el 45 y 90% de una remuneración pasaría a ser de 20% de una RBU. La muy grave actualmente es de 10 remuneraciones básicas unificadas. Con el cambio sería del 100% de una RBU. Y en el caso de reincidencia se duplicaría la multa hasta un máximo de tres remuneraciones. También se plantea el servicio comunitario, en casos especiales, informó El Comercio.
Fuente: Quiltros Magazine.
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