En teoría daban cobijo a animales abandonados, ofrecían asistencia veterinaria, servicios de residencia y peluquería. En la práctica, la Guardia Civil encontró en las instalaciones del Parque Animal de Torremolinos (Málaga) decenas de animales muertos en neveras, bolsas y contenedores. La presidenta de esta asociación para la defensa y protección de los animales, Carmen Marín Aguilar, y un empleado de su confianza, Felipe Barco, se sentarán en el banquillo por sacrificar más de 2.865 perros y gatos en dos años haciéndoles sufrir y sin estar titulados para administrarles medicamentos eutanásicos.
Ese sufrimiento innecesario lo ocasionaban, supuestamente, al inyectar a los animales pequeñas dosis de medicamentos como el Dolethal y T-61. El Colegio de Veterinarios de Málaga ha estimado que los sacrificios superan los 2.865 basándose en el volumen y peso de las mascotas y la cantidad de medicamentos que utilizaron. Su imputación se sostiene, según el juez Carlos Peinado, por las afirmaciones de seis testigos que les vieron inyectar estos productos a los animales para sacrificarlos hasta una vez por semana. Además, cuentan con informes de la Guardia Civil, reportajes fotográficos y documentación intervenida en el lugar.
Ni el fiscal, ni las acusaciones han presentado aún sus peticiones de condena porque el auto de apertura de juicio está recurrido. “El fiscal pidió que se volviera a imputar a la señora Carmen Marín y a uno de los veterinarios por falsedad documental”, explica José Alcalá de los Ríos, letrado del Colegio de Veterinarios de Málaga. Esta corporación está personada como acusación particular.El juzgado número 5 de Torremolinos dio por terminada la instrucción del caso en octubre. La responsable de la perrera y su empleado están acusados de delitos continuados de maltrato animal y de intrusismo profesional. Otros dos veterinarios que en principio habían sido implicados por falsedad documental han quedado fuera de la causa.
En este mismo procedimiento se comenzó a investigar el uso que la responsable de la protectora hacía de los donativos y aportaciones de sus benefactores. Estas pesquisas, incluidas en una causa separada, constatan que “una parte importante” de estos fondos habían sido utilizados por su presidenta para pagar estancias en San Petersburgo (Rusia), Boston (Estados Unidos) o Marrakech (Marruecos); servicios de spa y circuitos de hidro-masaje junto a su cónyuge; la instalación de una alarma de su domicilio particular o compras de alimentos y productos de higiene personal.
En un informe, elaborado en octubre de 2011, la Guardia Civil destacó que, además de la presidenta, también realizaban un uso “abusivo y continuado” de los fondos de la perrera su hija y yerno, afincados en Torremolinos, y otra de sus hijas, que reside en Madrid.
Los investigadores consideraron que esos fondos podrían haber enriquecido además a otras “personas y sociedades” vinculados con implicados y que podrían haber blanqueado dinero. Los agentes solicitaron al juez que se siguiera indagando para establecer responsabilidades penales y que se les retirara una concesión de una caseta en el recinto ferial porque se estaba subarrendando de forma irregular.
Piden 4 años para la dueña de la protectora de Torremolinos por matar a 2.200 animales
Según la investigación, se suministró menos producto eutanásico y de forma incorrecta, que les provocó "una lenta y dolorosa agonía"
Europa Press 12.03.2015
Algunos de los animales a los que la acusada sacrificó en el Parque Animal de Torremolinos. L. O.
La Fiscalía de Málaga ha realizado escrito de acusación contra la presidenta de la protectora Parque Animal, ubicada en Torremolinos, para la que solicita cuatro años de prisión por el sacrificio "masivo" en unos dos años de casi 2.200 animales, a los que, supuestamente, suministraba menos producto eutanásico y de forma incorrecta, lo que les provocaba "una lenta y dolorosa agonía".
Inicialmente, el fiscal acusa a la responsable de este colectivo, Carmen M.A., de los delitos continuados de maltrato animal e intrusismo profesional, por los que también acusa a un empleado de la protectora, aunque a éste en calidad de cooperador necesario. Además, a la presidenta de la asociación la acusa de un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por un particular.
En el escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, el ministerio público explica que de las investigaciones se extrae que desde principios de 2008 y hasta al menos octubre de 2010, los acusados vinieron sacrificando animales domésticos de los recogidos en la asociación "de forma masiva e injustificada", haciendo "auténticas sesiones de exterminio" sobre animales normalmente sanos.
Para la acusación fiscal, esto se realizaba, supuestamente, "sin que hubiese causa que justificase la muerte", salvo "la falta de espacio en el centro y la prioridad que la acusada le daba a sus fines privados". Considera que la presidenta era la que "impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente", con la colaboración "imprescindible" del empleado, que se dedicaba a funciones de mantenimiento, limpieza de animales y dependencias.
Estos "sacrificios masivos" se realizaban, según la calificación inicial, "sin control veterinario de ninguna clase, administrando la acusada de su propia mano los productos eutanásicos a los animales, sin tener los conocimientos precisos, suministrando dosis por debajo de lo indicado, pero suficiente para causar la muerte", con el objeto, "de ahorrar costes" dedicar las instalaciones "con preferencia a los fines privados (de pago)".
Así, se indica que supuestamente inyectaba los productos "de forma inexperta" y "sin sedación previa". "De esta forma se sometía a los animales a una lenta y dolorosa agonía, totalmente injustificada y conocida por los acusados, pues se retorcían de dolor a su vista durante horas", pone de manifiesto el ministerio público, exponiendo algunos casos concretos, en los que los dueños entregaron sus animales a la asociación para adopción, pero fueron sacrificados.
"Para llevar a cabo estas exterminaciones masivas y programadas, preferentemente a primeras horas de la mañana, se desconectaban las cámaras de seguridad del centro y se conectaba la música a la megafonía del centro a alto volumen, conscientes los acusados del gran alboroto que producían los alaridos de los animales al sacrificarlos de modo tan inhumano", dice el escrito de acusación fiscal.
Según la investigación, se calcula que de enero de 2009 a octubre de 2010 se habrían sacrificado unos 2.183 animales. Ambos acusados "carecían" en aquel momento la titulación necesaria. Además, la procesada, como tenía que adquirir grandes cantidades de productos eutanásicos, era ella "quien habitualmente firmaba las recetas a nombre de veterinarios supuestos o alteraba lo datos necesarios para sus fines".
Asimismo, según esta acusación, era esta acusada la que "bajo el nombre de veterinarios supuestos firmaba certificados de eutanasia o los expedía en su totalidad de su puño y letra, así como otros certificados veterinarios". También firmaba los listados mensuales de animales para incineración que eran presentados en el Ayuntamiento "o alteraba su contenido en los extremos necesarios a sus intereses".
El fiscal pide que se le imponga a cada acusado un año de prisión por el delito continuado de maltrato animal, con la inhabilitación para profesión que tenga relación con los animales durante tres años; así como multa de 7.200 euros por el delito de intrusismo. Por el de falsedad documental se solicita que se imponga a la procesada tres años de prisión y multa de 7.200 euros.
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