Comenzó el juicio por maltrato animal en la perrera de Fernández Oro.
Jueves 11 Jun 2015 - CIPOLLETTI (AC).- Comenzó el juicio que tiene como imputados a cinco empleados de la perrera municipal de Fernández Oro, a quienes se los acusa por el delito de "maltrato animal". La denuncia la impulsó una asociación protectora de animales y en la causa se consigna que los perros no fueron alimentados periódicamente, tampoco se les dio agua suficiente y no se los protegió del frío ni del sol.
La acusación indica que entre el 21 de abril de 2010 y el 1 de diciembre de 2011 los empleados municipales Rubén Olivares, Luis Acuña y Luis Castillo, quienes estaban a cargo de la perrera de la ciudad de Fernández Oro, sometieron a los perros a "malos tratos" consistentes en no alimentarlos en cantidad y calidad suficientes. Asimismo no habrían mantenido las instalaciones en las condiciones adecuadas de salubridad requeridas para los fines propios de dicho organismo público. La misma imputación pesa sobre los funcionarios Javier Vallejos e Ismael Cofré, quienes tampoco habrían alimentado en la cantidad y calidad necesaria a los canes, ni habrían mantenido la perrera en las condiciones de higiene correspondientes entre el mes de marzo de 2008 y el 21 de noviembre de 2011.
Los acusados están siendo representados por el abogado Antonio Barrera Nicholson, el fiscal es Oscar Cid y la camarista Alejandra Berenguer interviene en carácter de jueza correccional. Ayer, en el primer día de audiencia, los procesados negaron su responsabilidad en el delito que se les imputa y dieron explicaciones: afirmaron que en Fernández Oro existen problemas con el abastecimiento de agua potable, en respuesta a la denuncia de Marina Marini, de la Asociación Protectora de Animales, que cuestionó que los perros no tomaban el agua suficiente. También reconocieron que hubo un "problema de pagos" con la empresa que les proveía los alimentos. Con ese argumento justificaron que durante un par de días a los animales les faltó la comida.
De las declaraciones surgió que algunos perros se habían muerto "porque se pelearon entre sí". Aseguraron que, cada dos días, tal como estaba establecido, levantaban la materia fecal.
En el juicio también declaró como testigo el encargado de la perrera, Pablo Rebaliati. Las personas que actuaron como denunciantes no se presentaron a la audiencia, y es por eso que el debate se postergó hasta el 22 de junio.
Las actuaciones se iniciaron el 21 de noviembre de 2011 con la denuncia penal de Marina Marini en representación de la protectora. La mujer aseguró que el municipio de Fernández Oro no cumplía con la Ley Nacional de Protección Animal por ser responsables de más de 150 animales que pasaron por la perrera comunal, ubicada atrás del cementerio, en la zona de bardas. Denunció que desde que se creó la perrera, en marzo de 2008, tuvieron inconvenientes porque los animales no son alimentados ni hidratados adecuadamente. Además en el espacio no están dadas las condiciones de sanidad por la presencia de muchas heces, lo que genera un foco de infección, moscas y mal olor. Marini aseguró que los animales no recibían atención veterinaria y estaban en situación de "estrés" por las condiciones del lugar.
El 7 de diciembre de 2011, el gabinete de Criminalística inspeccionó el predio y elaboró un informe. Entre sus conclusiones dijeron: "Se observa que los animales alojados se encuentran en una situación de absoluto abandono, como también se observa suciedad debido a la falta de limpieza e higiene". El 16 de abril de 2012 la denunciante ratificó su declaración en sede judicial y aportó nuevas fotografías.
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