Gobierno autoriza caza de “perros salvajes”
A pesar de la oposición ciudadana y de organizaciones animalistas a la medida, el gobierno de Bachelet dio el visto bueno al decreto, que fue ingresado en la administración Piñera y suspendido en marzo de 2014 luego de aluvión de críticas que recibió.
El pasado 31 de enero -sin alardes públicos y en medio de la desconexión de muchos chilenos que iniciaban su período vacacional- se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo 65 que autoriza la caza de “perros salvajes” en las zonas rurales del país. La normativa, que fue enviada en 2013 por la administración de Piñera, incluye a los “perros asilvestrados” dentro del listado de “animales dañinos” modificando la actual Ley de Caza.
Así, mientras por un lado avanza la concesión de licitaciones para el Plan Nacional de Esterilización y la promoción de la tenencia responsable de animales, se establece la permisión de la caza de “perros salvajes o bravíos, que se encuentren en jaurías, fuera de las zonas o áreas urbanas y de extensión urbana, a una distancia superior a los 400 metros de cualquier poblado o vivienda rural aislada, los que deberán capturarse o cazarse en los en los términos establecidos en la Ley y el presente reglamento”.
Según el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG),los perros asilvestrados o semisalvajes son aquellos que son abandonados por sus dueños a campo libre o en una zona de difícil sobrevivencia por lo que solos o en grupos tienen que atacar para buscar alimento.
Ya desde su anuncio la medida generó gran controversia y oposición entre los que consideran que no es necesario matar para acabar con un problema que tiene otras vías de solución, motivo por el cual en marzo de 2014 se suspendió temporalmente el decreto y se señaló que sería revisado, lo que no ha sucedido.
Desde organizaciones animalistas han mostrado su rechazo y han denunciado la inexistencia del concepto “salvaje” o “asilvestrado”, que ha sido la vía para poder legalizar la caza, cuando en la gran mayoría de ocasiones se trata de canes abandonados, tal y como sostiene el propio SAG.
Según señala el decreto los perros “podrán ser cazados o capturados en cualquier época del año, en todo el territorio nacional y sin limitación de número de piezas o ejemplares, según corresponda”.
Como fuere, se trata de una medida cruel que como en tantas otras materias pone de manifiesto la gran dificultad que parece tener el actual gobierno para atajar el fondo de los problemas que enfrenta, en este caso el manejo de la población de perros abandonados en el país, que estaría perjudicando la actividad ganadera.
En declaraciones que recoge el medio Publimetro, Pamela Alfaro, directora ejecutiva de la Fundación RIMA sostuvo que “reconocemos la problemática de los perros en zona rural, pero pretender resolverlo a punta de escopetazos es lo mismo que renunciar a una política pública seria de control poblacional, esto se contradice absolutamente con el plan nacional de esterilización y la promoción de la tenencia responsable”.
En tanto, Florencia Trujillo, asesora legal de Ecopolis, señaló que “sorprende que este gobierno insista en tropezar con la misma piedra que el gobierno anterior, sabiendo que se trata de una medida irracional, impopular e ilegal, por algo fue publicada entre gallo y medianoche”.
Coalición CEFU: “Por un lado están protegiendo y por otro están matando”
Por su parte, el vocero de la Coalición por el Control Ético de la Fauna Urbana (CEFU), Enrique Reyes, denunció el doble rasero utilizado por el Gobierno para tratar el tema emplazando a las autoridades a definir “qué camino vamos a tomar. O sea, vamos a educar hacia tenencia responsable, o vamos a empezar a matar perros (…) La señal del Gobierno es un poco confusa. Por un lado están protegiendo y por otro están matando”.
Reyes también aludió a la ambigüedad del término “salvaje” o “asilvestrado”, que queda abierta a interpretaciones, lo que significa que un cazador podría acabar con la vida del animal que se encuentre en una zona rural tenga o no dueño.
“Con esta ley supuestamente se puede matar a un perro con el sólo hecho de que esté a 400 metros de una casa (en zonas rurales). Entonces, eso significa que cualquier persona que supongamos se pelea con otra por el perro, va y lo pone a 400 metros de una vivienda (rural), y lo mata”, sostuvo a RBB.
“No porque un perro sea de campo, necesariamente va a ser de inmediato un perro asilvestrado”, señaló, agregando que la aprobación del decreto podría llevar a la matanza de canes en las ciudades, desde donde fácilmente pueden ser trasladados a una zona rural.
Cabe señalar que los “perros salvajes” no son la única especie afectada por la modificación, habiéndose incorporado un total de 4 especies “dañinas” (ahora suman 24): el zorzal (Archipiélago de Juan Fernández), la chilla o zorro gris (Isla Tierra del Fuego) y el ciervo exótico en todo el país.
El Ciudadano
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