Cachorros muertos procedentes de la perrera denunciada. Foto: @ACTIN
Un fondo ciudadano creado para respaldar denuncias de maltrato hacia los animales recompensará con 2.550 euros a una asociación de Murcia cuya denuncia contra los gestores de una perrera privada fue clave para que los responsables hayan sido imputados y llamados a declarar ante el juez.
Quien recompensa es el Fondo 337, creado en 2011 a raíz de las imágenes publicadas de un cachorro torturado hasta su muerte. Indignados ante los casos de maltrato animal y la pasividad de algunas autoridades en España, un grupo de ciudadanos puso en marcha una colecta de fondos para respaldar económicamente las denuncias fundadas de crueldad, y contribuir a que esos casos sean sancionados.
Por petición de esos ciudadanos, el Fondo 337 es administrado conjuntamente por Asociación Libera!, Fundación Altarriba, Justicia Animal, Gehva y la Sociedad Zoológica de Extremadura.
Esta recompensa será entregada a la asociación de defensa animal Actin, de Murcia, por la denuncia que presentó, con la asistencia letrada del despacho DeAnimals, contra la empresaEsprineco S.L., gestora de una perrera privada en la localidad de Mazarrón.
El pasado mes de diciembre, más de veinte perros procedentes de esas instalaciones y que habían sido adoptados por la asociación denunciante fallecieron por parvovirosis y lesiones.
La investigación de la asociación, las declaraciones escritas de más de veinte testigos (particulares y protectoras) y los informes de varios veterinarios revelaron la realidad en la que malvivían los perros en las instalaciones de Esprineco S.L.
Según consta en la denuncia, los perros no tenían alimentación suficiente, vivían entre una suciedad extrema, con parásitos y con falta de asistencia veterinaria en caso de lesiones o dolencias graves. Actin denunció, además, que gatos aterrorizados eran introducidos en las mismas jaulas con los perros.
A pesar de que Esprineco S.L. recibe dinero de las arcas públicas para atender a esos animales vulnerables, Actin denuncia que los gestores de la perrera son responsables de un maltrato animal continuado que ha causado la muerte de varios perros y gatos. Actualmente esta empresa tiene contratos con diez ayuntamientos de Murcia para la recogida y custodia de animales abandonados.
Gracias a la denuncia, tres personas pertenecientes a Esprineco S.L. han sido imputadas y llamadas a declarar ante el juez por un presunto delito de maltrato animal. La empresa ha sido denunciada también por presunta apropiación indebida, estafa y fraude a Hacienda y a Sanidad.
Los representantes del Fondo 337 esperan que este respaldo económico sirva a Actin para cubrir los gastos relacionados con la denuncia y que los responsables del maltrato sean condenados.
Alertan, además, de que los ayuntamientos, como el de Mazarrón, “no pueden eludir su responsabilidad ante casos de maltrato animal, máxime cuando se trata de empresas expresamente contratadas para prestar el servicio municipal de custodia de animales, un servicio público y competencia ineludible del consistorio”.
Fondo 337 comprometió tres recompensas de 2.550 euros cada una para las primeras personas o entidades que remitan información y pruebas de maltrato o negligencia que sean clave para conseguir la imputación de los responsables de mutilaciones, pérdidas de uno o más miembros, lesiones graves o muerte injustificada de perros en perreras, protectoras, criaderos o tiendas de animales en España.
Antes de entregar la recompensa, el caso es estudiado por los miembros de Fondo 337 y confirmado por investigación policial para descartar la posibilidad de fraude.
Pueden ser entregadas a cualquier persona, también de las fuerzas del orden si está permitido por la legislación, pero no a personas involucradas en el maltrato o negligencia a las víctimas, y tampoco a administradores del propio Fondo.
La prioridad del Fondo 337 es el procesamiento y la condena a los responsables de maltrato animal. Por eso piden a los denunciantes que no difundan públicamente posibles pistas sobre los casos acerca de los cuales hayan remitido pruebas, para no entorpecer las investigaciones.
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