Los ayuntamientos no quieren saber de perros

25 mayo 2014 - EXTREMADURA
Asociaciones con sus voluntarios se encargan de la mayoría de perreras extremeñas y evitan los sacrificios fomentando adopciones
• 
  
  
  En la barriada de Valdepasillas de Badajoz apareció un perro suelto con la cadera fracturada. Una señora lo llevó a una clínica veterinaria y avisaron a la Policía Local. Le pasaron el lector de microchip y el dueño fue localizado. Éste dijo que ese perro ya no era suyo y lo había cedido a otra persona. Se localizó al poseedor, que declaró haber perdido al animal ocho días antes. Sin embargo, el veterinario lo desmintió al afirmar que la cadera llevaba rota hacía veinticinco días como mínimo.
  
  
  El juez condenó al poseedor del perro por abandono a una multa de 180 euros más 656 euros por gastos veterinarios derivados. La primera parte de la historia, la de un perro herido vagando a su suerte, es común en Extremadura. Pero la sentencia es excepcional y demuestra que en la protección de animales queda un largo camino por recorrer. Lo lideran los voluntarios, no las administraciones.
  
  
  Las asociaciones protectoras de animales que funcionan en la región tienen varios frentes abiertos. Uno es que haya más denuncias de este tipo y que se cumpla la Ley de Protección Animal, que data de 2002 en Extremadura y fue actualizada en 2005, pero apenas está reglamentada. Esto dificulta su otro gran objetivo, que las perreras no sean necesarias porque los abandonos se reducen. Mientras tanto, colectivos ciudadanos se ocupan de estas instalaciones pese a que la competencia es municipal.
  
  
  Magdalena Sanguino, de la protectora Recal de Almendralejo, explica que debido a la crisis y a los traslados cada vez más frecuentes para buscar trabajo ahora hay más perros abandonados en Extremadura. Por eso ha crecido la cifra las asociaciones protectoras de animales, que se vuelcan en fomentar las adopciones.
  
  
  En 2008 había ocho protectoras integradas en Fepaex (Federación de Protectoras de Extremadura). Estaban en Badajoz, Mérida, Plasencia, Guareña, Don Benito, Miajadas, Almendralejo y Valencia de Alcántara. Según su secretaria, Olga Lama, en la actualidad hay 24, la última creada este año en Campanario (Badajoz).
• 
  Cada protectora sigue una línea y apuesta más decididamente por una causa, siempre relacionada con el bienestar de los animales, pero todas dejan claro que su misión no es recoger perros de la calle, si acaso ayudar a la Administración a que cumpla con su obligación para que no haya animales abandonados. Ambas partes saben que un exceso de animales sueltos crearía problemas de seguridad y salud pública.
  
  
  Por eso denuncian que la propia Administración ni cumple ni vela por el cumplimiento de la Ley de Protección Animal. En algunas poblaciones, la Policía Local los llama directamente a ellos, comenta Salud Mateos, la responsable de la Asociación Protectora de Animales y Plantas de Plasencia, con unos 190 socios y que gestiona allí la perrera desde hace 15 años. «Con nuestros propios coches vamos a por los animales, hoy mismo he ido yo en mi Opel Corsa a por un galgo».
  
  
  Además de buscar familias que se queden con estos animales, su batalla está en las perreras municipales, a las que algunos municipios extremeños llaman refugios y otros centros zoosanitarios, entre otros eufemismos. Reciben una subvención que siempre se antoja escasa, con la que las protectoras se ocupan de la limpieza, de organizar la comida, de registrar entradas y salidas de perros, de que salgan en buenas condiciones sanitarias con análisis (cuestan 30 euros), de ponerles el microchip identificativo al que obliga la ley (30 euros), de castraciones (60 euros los machos, 120 las hembras)... Todo ello, dicen, gracias a los donativos de particulares. Todas las protectoras afirman que las perreras suelen ser las grandes olvidadas de los consistorios.
  
  
  Magdalena Sanguino, presidenta de Recal, en Almendralejo, señala que siempre han tenido buena relación con el Ayuntamiento, sea del color que sea, «porque saben que le quitamos del medio un problema». En su caso, llevan 17 años seguidos haciéndose cargo de este servicio.
  
  
  El de Badajoz es de los pocos consistorios que se resiste a entregar competencias a las asociaciones en este tema y el conflicto es permanente. Por su perrera han pasado ya dos protectoras en los últimos años –Adana y Acan– pero el entendimiento no ha durado. Esto ha llevado a la asociación pacense SOS Perrera, surgida en 2011, a denunciar otra vez esta semana que las condiciones allí son muy mejorables. Piden a la concejala de Sanidad que desinfecte más a menudo, y que reponga bebederos oxidados, puertas y desagües, entre otros desperfectos. También que impida que los perros no pasen periodos de dos días seguidos sin que nadie los atienda o que cachorros y gatos tengan alimentación adecuada.
  
  
  Además, SOS Perrera denuncia que desaparezcan «misteriosamente» perros de caza. «Todos los que intentamos colaborar para mejorarla acabamos cansados de darnos cabezazos contra el Ayuntamiento de Badajoz. Nos hemos ofrecido a colaborar, pero quieren imponer sus normas y eso implica que cualquiera pueda sacar de allí un perro sin más, y luego pasa como con el hombre que sacó treinta y aparecieron mutilados», explicaba ayer Carmen Vega, cuya asociación saca los animales de la perrera y solo tras un estudio exhaustivo de la persona los entrega en adopción.
  
  
  En la perrera pacense entran unos 500 perros al año, en Cáceres sobre 450 y en Mérida ingresaron en 2013 391 animales, cien más que el año anterior. Lo habitual suele ser que se quede pequeña.
  
  
  Según los datos de SOS perrera, en 2010 se sacrificaron en Badajoz el 90% de los animales que entraron, y en 2013 solo el 2% pues el resto se dio en adopción gracias a su red de 50 voluntarios. Sin embargo, esta semana han anunciado que dejarán de intervenir en la perrera debido a que el Ayuntamiento pacense desoye continuamente unas peticiones que, según subrayan, están obligados a cumplir por ley. Sobre este tema, la concejala responsable, Ana Serra, no responde. A preguntas de los periodistas, la portavoz municipal, María José Solana, dijo el viernes que ellos destinan cada año 200.000 euros a la perrera y no pueden hacer más.
  
  
  En el otro extremo estaría la perrera de Almendralejo, donde la protectora local, Recal, destaca la buena relación con el edil de turno, hasta el punto de que ellos elaboran las ordenanzas en esta materia. Su presidenta Magdalena Sanguino firmó un convenio hace dos años con el consistorio, pero el compromiso verbal existe desde hace 17.
  
  
  «Surgimos al ver que la perrera estaba en el antiguo matadero, a oscuras, sin ventilación ni registros de entradas y salidas ni plazos para el sacrificio, que se hacían con el animal consciente, una brutalidad. Hace diez años conseguimos otra instalación de 3.000 metros cuadrados con 2.000 de patio donde los voluntarios los sacan a pasear. Tiene lavadero, almacén, clínica con cinco espacios para cuarentena, gatera.. El año pasado salieron unos 200 perros en adopción, la mitad de ellos al extranjero. En Almendralejo prácticamente todo el mundo tiene un perro nuestro adoptado y la gente colabora mucho con las campañas, la última de recogida de pan duro».
• 
Llegan de otros pueblos
Otro factor a tener en cuenta que señala la Fempex es que las grandes ciudades tienen que recibir los perros de poblaciones cercanas más pequeñas que carecen de instalaciones y esto se traduce en una masificación. Entonces hay optar por salvarlos a todos o sacrificar algunos. «Y para mantener ese equilibrio a veces surge el conflicto».Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia y presidente de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) justificaba esta semana que el dinero con el que cuentan los ayuntamientos ahora es limitado y hay que repartirlo entre todos los servicios. «Es una competencia nuestra –reconoce– y parte de nuestras obligaciones porque en la calle no puede haber perros sueltos. La verdad es que los ayuntamientos, o la mayor parte de ellos, tenemos suerte porque contamos con la ayuda de las asociaciones protectoras que nos echan una mano. Hay que agradecerlo, pues podemos llegar hasta donde llegamos».


Trujillo (Cáceres), de casi 10.000 habitantes, no tiene perrera propia. Por eso surgió hace año y medio APAT, cuya presidenta, Almudena Retamosa, explica que «cada vez hay más perros abandonados y los recogemos nosotros mismos, pero no podemos hacernos cargo de todos. Hemos pedido al Ayuntamiento que cree una instalación apropiada. Dicen que han pedido una subvención, pero nada».


Hay que tener en cuenta que la Diputación de Cáceres no tiene perrera, y la Diputación de Badajoz la creó en 2006. Hasta entonces sus laceros dejaban los animales en la del Ayuntamiento pacense tras alcanzar un acuerdo con éste. Pero la saturación era evidente y la institución provincial decidió sacar a concurso este servicio. Desde el primer momento –no se entendía que una empresa privada que busca beneficios económicos gestionara este tipo servicio– esta perrera ubicada en Olivenza está en el punto de mira de las asociaciones protectoras, que la han denunciado varias veces por las condiciones que ofrece.


La ley y los ciudadanos
Mónica García Hierro, voluntaria de Adana (Badajoz), explica que no todo es culpa de la administración y que el comportamiento ciudadano debe corregirse. «Visitábamos desde hacía años la perrera de Badajoz y luego adquirimos un compromiso formal durante un año, pero dejamos de gestionarla porque nos dimos cuenta de que la gente en cuanto sabía que había una protectora detrás se lavaba las manos y los abandonaba allí quedándose más tranquilos».


Además de numerosas campañas de concienciación a lo largo del año, últimamente concentran sus esfuerzos en que la gente denuncie casos de maltrato y piden que «tanto la policía como la Guardia Civil tengan un protocolo claro para actuar, porque cuando vas a poner una denuncia ni siquiera saben cómo actuar». Su otra gran preocupación es buscar casas de acogida temporales y enviar perros al extranjero. «Pero al final somos los cuatro de siempre los que curamos, vacunamos, ponemos el microchip...».


En Mérida, informa Mariángeles Morcillo, su Ayuntamiento ha firmado un convenio el pasado 16 de mayo con la asociación SOS Abandonados, surgida en el pasado mes de noviembre. El concejal delegado, Pedro Miranda, anunció este mes que el Consistorio pone a su disposición las instalaciones, la comida, el personal, el servicio de veterinario y todos los recursos para desarrollar su labor. Por su parte Ana Garmón, presidenta de SOS Abandonados Mérida, señaló que su objetivo no sólo es fomentar la adopción, «sino también mejorar las condiciones de vida de los perros acogidos»Es rara la perrera pública cuyo consistorio no se desentiende ‘de facto’ de esta competencia porque tiene detrás una asociación –a la que subvenciona– cuyos voluntarios limpian las instalaciones, sacan a pasear sus perros por el recinto, registran las entradas y salidas de animales y fomentan las adopciones para evitar que los animales sean sacrificados.


Por qué al extranjero
Últimamente todas las protectoras reconocen que echan gran parte de su tiempo ante el ordenador, pues gracias a las redes sociales han conseguido crear canales de contactos con países europeos cuyas protectoras se encargan de buscar familias apropiadas de acogida. Puede parecer que allí no haya perros. «Lo que pasa –explica Salud Mateos– es que en estos países su cultura no les permite regalarlos para que luego sean abandonados y el que quiere un perro va a un criador oficial y se gasta 2.000 euros, por eso se valoran más. La ley es similar a la de España, la diferencia es que en esos países sí se hace cumplir».


En Cáceres, Juana García preside desde hace veinte años la Asociación Cacereña para la Protección y Defensa de los Animales. Estuvieron 12 años colaborando con el Ayuntamiento en la gestión de la perrera municipal, hasta diciembre de 2011, cuando rompieron relaciones porque no mantenía el personal mínimo.


«Cuando llegamos no había ni luz eléctrica y además existía la figura del lacero, la cual queríamos erradicar, de modo que con la subvención municipal contratamos a dos personas, aunque la verdad es que el primero de nosotros que veía un perro abandonado lo recogía (...). Al principio había que currarse la calle con carteles y el boca a boca, ahora todo ha cambiado y con las redes sociales contactamos con países como Alemania y Holanda, donde conseguíamos enviar unos cien perros al año de los 500 que entraban. Los ayuntamientos deberían implicarse mucho más, pero no se toman en serio este servicio, les viene grande».


Además de este colectivo existe otra asociación en Cáceres –Dejando Huella– y la que en la actualidad se encarga de la perrera cacereña –Asociación Proyecto Animalista por la Vida–, cuya responsable es Laura Varaldi, una estudiante italiana que llegó de Erasmus y está terminando Veterinaria. Sin embargo, afirma que la mayor parte de las horas las dedica a los perros abandonados.


Fue la concejala de Medio Ambiente la que contactó con ellos cuando su instalación se quedó sin una asociación que le organizara la perrera. Con 40.000 euros al año el Ayuntamiento les obliga a contratar a una persona a jornada completa y otra a media jornada. En mayo, no les han ingresado aún el dinero de 2014. Pero la tarea que tienen excede de lo que puedan hacer dos personas y la subvención, por eso reciben donativos y tienen apoyo de voluntarios. Insiste en lo mismo, en que el Ayuntamiento no se implica demasiado y no vigila la obligatoriedad del microchip, entre otras dejaciones.


Esto provoca situaciones desesperantes, cuenta Olga Lama, de Fepaex. «En los pueblos no tienen lector de microchip. Si se pierde un perro en Fuenlabrada de los Montes, cuando el dueño se da cuenta el animal ha ido a parar a la perrera de Olivenza, en la otra punta de la provincia, cuando lo lógico es que si el perro está a la vuelta de casa se identifique y vuelva con el dueño. El problema es que la ley no la conoce nadie. Si el perro está sin identificar la primera responsabilidad es del Ayuntamiento. La gente sabe que si se te pierde la tarjeta de crédito lo primero que hay que hacer es llamar al banco, pero en el caso de un perro, nadie sabe que hay 48 horas para informar al veterinario, a la Policía Local y protectora más cercana. Nosotros nos ofrecimos a la Fempex hace año y medio para dar un curso sobre todo esto, pero aún esperamos respuesta».


Agustín Mansilla, abogado pacense y expresidente de Adana, dice que el problema de la Ley de Protección Animal 5/2002 de 23 de mayo «es que ya tiene más de diez años y apenas tiene reglamentos que la desarrollen, el único significativo el de la obligatoriedad del microchip que prácticamente nadie cumple y cuya sanción es de 300 euros. Es obligatorio para perros y voluntario para gatos y hurones».


Otro reglamento que sigue pendiente desde 2009 está relacionado precisamente con las asociaciones en defensa de los animales, que serían reguladas como entidades de interés público y les daría más autoridad en esta materia, pero sigue sin aprobarse. Esta cuestión, se queja, complica aún más la labor altruista que desarrollan.


fuente: hoy.es