Centenares de caballos —y, por tanto, toneladas de carne— han sido introducidos en el mercado de consumo español e incluso en el extranjero al margen de los controles sanitarios obligatorios. Es lo que se desprende de una investigación que durante meses ha llevado a cabo la Guardia Civil y que culminó este jueves por la mañana con la detención de cinco personas y con el registro de al menos ocho mataderos, además de explotaciones ganaderas y empresas en nueve provincias (Valencia, Asturias, A Coruña, Toledo, Ávila, Madrid, Valladolid, Zaragoza y Jaén).
El ministerio de Sanidad, que admitió desconocer el alcance de la investigación —la causa está declarada secreta—, llamó a la calma. No hay alerta sanitaria ni indicios de que la carne pueda ser perjudicial para la salud. Según una portavoz, el hecho de que la carne sea catalogada como “no apta” para el consumo humano no implica necesariamente que sea perjudicial para la salud.
El entramado desarticulado compraba caballos, presuntamente, fuera de los circuitos legales para dedicarlos al consumo humano. La procedencia de los animales es variopinta, según fuentes de la investigación: desde caballos de recreo que no han pasado los controles para el consumo hasta animales robados de los que se desconoce su historial sanitario. Los cinco detenidos se dedicaban a falsificar o modificar las cartillas sanitarias que el animal debe tener en regla y que se deben presentar en el matadero, según fuentes del caso. Los arrestados están acusados de un delito contra la salud pública, falsedad documental y organización criminal.
El tratante que ejercía presuntamente de cabecilla, Rafael H., lleva años trabajando en el mundo del caballo, donde es muy conocido. Según fuentes de su entorno, movía una cifra muy elevada de animales, tanto en el ámbito nacional como internacional, donde posee numerosos contactos. Junto a él ha sido detenido el propietario de la clínica equina Bonança, Vicente Javier O., en el municipio valenciano de Museros. Tanto el tratante como el veterinario están acusados de firmar de su puño y letra cartillas falsificadas, según fuentes de la investigación. El tratante dispone, además, de su propia cuadra con animales, justo al lado de la clínica veterinaria que fue registrada por la Guardia Civil.
Aunque la cifra varía en función del peso del equino, los investigadores calculan que la organización podía ganar unos 100 euros por animal. En una sola operación, el principal detenido podía llegar a mover un centenar de caballos, según fuentes judiciales, que apuntan a que también traficaba con otros animales, como burros.
En Valencia, fue registrado además un matadero y una empresa de distribución de carne de caballo. Los detenidos llevaban los equinos al matadero, donde eran despiezados. La empresa cárnica, dedicada a la distribución al por mayor, compraba después los animales y los introducía en la cadena de consumo.
La Guardia Civil registró ocho mataderos, además de explotaciones ganaderas y empresas (en total, 17 registros). El objetivo de los investigadores es aclarar el papel de los mataderos y las compañías en el entramado, y dilucidar si realmente eran conocedores del engaño o si, por el contrario, pensaban que los caballos cumplían con todos los requisitos.
La investigación lanzada este jueves es la continuación, en suelo español, de una red similar desarticulada el pasado diciembre en el sur de Francia. Los gendarmes detuvieron a 21 personas por falsificación de documentos. La trama compraba los animales a una empresa farmacéutica que los había utilizado para experimentación y que, al venderlos, ignoraba que iban a destinarse a consumo humano. La Fiscalía de Marsella descartó entonces el riesgo sanitario.
Aquella operación salpicó a un matadero de Girona, que entregó a la Guardia Civil diversa documentación. Y enlazó además con el tratante Rafael H., que ya aparecía en algunas conversaciones. Por ese motivo, se abrieron diligencias en el juzgado de instrucción 1 de Santa Coloma de Farners, que ordenó escuchas telefónicas.
Está previsto que los detenidos declaren este viernes ante la Guardia Civil. El operativo fue dirigido por la Policía Judicial de Cataluña, en colaboración con el Seprona y con miembros de la gendarmería francesa desplazados a Valencia, y contó además con la colaboración de instituciones europeas.
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